La medida de regulación de la venta de licor en Bogotá

Hace algunos días el columnista del Espectador, Nicolás Uribe cuestionaba la medida adoptaba por la Alcaldesa (d) Mayor; de restringir la venta de licor después de las 11 de la noche en establecimientos que no estén dispuestos para ello. Argumenta el columnista que es una medida absurda y que restringe derechos, a la vez que es inoperante por la falta de capacidad de las autoridades. También señala que es una medida de falta de gobernabilidad porque proponen prohibiciones y limitaciones de la libertad.

Estos argumentos parecen muy extraños para un ex congresista que tuvo entre sus mayores orgullos el ser ponente del proyecto de ley que sanciona a los portadores de la dosis mínima y que argumenta que tal sanción es necesaria, entre otras cosas, por razones de seguridad pública. No tuvo inconveniente el representante a la Cámara, en cambiar la Constitución para convertir un tema de salud pública en un problema de seguridad nacional pero si considera “inútil, absurdo y una limitación de la libertad” controlar la venta de licor como lo hacen la mayoría de ciudades importantes del mundo.

La explicación de esta aparente contradicción del columnista Uribe tal vez sea su diferenciación entre prohibición y penalización, cuando era Representante en su ponencia señalaba lo siguiente “Es preocupante que en los medios y en la opinión pública se estigmatice al Gobierno y a los parlamentarios que apoyan esta iniciativa como "PENALIZADORES" de la dosis mínima. Es preocupante porque en la realidad en ningún momento se está penalizando el consumo y porte de dosis mínima, si mucho y a lo sumo, se está prohibiendo el consumo y porte de estupefacientes. Una cosa es penalizar y otra cosa es prohibir. En Bogotá está prohibido el consumo de alcohol en lugares públicos, en la calle, pero en ningún caso tomar en la calle está penalizado. Similar posición adoptó el Gobierno Nacional con el Acto Legislativo de dosis personal, es decir la prohíbe pero no la penaliza”

Podría decirse lo mismo de la medida de regulación de la venta de licor, que no estigmatiza a los sectores populares como lo asegura el columnista, ni está señalando de delito el consumo de licor sino que busca regular una sustancia que de acuerdo con las estadísticas de Bogotá, en el año 2010 estuvo presente el 28% de los homicidios. No es extraño que la venta de licor se regule, de hecho, lo extraño es que no se haga, la mayoría de ciudades del mundo cuentan con licencias para la venta de licor que tienen, entre otras restricciones, que la personas estén calificadas para venderlo, para reconocer un cliente en riesgo (ya sea por intoxicación etílica, porque conduce un vehículo, etc.) y que tengan una póliza de responsabilidad civil en caso de que los clientes sufran algún accidente por haber consumido licor en ese establecimiento. En Colombia estamos muy lejos de esa regulación, pero al menos se puede regular quienes y a qué horas venden el licor, ¿qué es lo extraño y absurdo de esto?

Por otro lado, argumenta el columnista que la medida es absurda porque no hay manera de ponerla en práctica y nuevamente pareciera que ese argumento no corresponde a una persona que pide sancionar la dosis mínima a través de la privación de la libertad en sitios especiales para el tema, que no sean cárceles y que de paso les den un tratamiento terapéutico. Quizás vea más sencillo el señor Uribe, que un policía identifique a un drogadicto, lo separe de un vendedor de sustancias psicoactivas, lo lleve a un centro especializado que no existe y que de acuerdo con los recursos del Estado, no existirá pues la salud está en crisis, y garantice que le den un tratamiento. ¿Será que para esa medida si existen recursos de policía, de presupuesto y de personal?

Es claro que el columnista mide con una vara sus propias iniciativas de prohibición y con otra las que propone el Distrito, sin tener en cuenta que en Bogotá la medida ya se aplicó en el año 2009 y fue efectiva durante 6 meses y pudo ser demostrada su efectividad en las cifras de riñas, lesiones personales y hurto a personas, quizás sería importante que se hiciera un debate serio sobre la regulación de la venta de licor en el país, pues este siempre ha estado mediado por los intereses de la industria y nunca ha tenido un análisis sobre sus consecuencias y su manejo, la única aproximación al tema fue el Decreto 120 de 2010 del Ministerio de Protección Social, que desafortunadamente sigue sin ser aplicado y que de acuerdo con el señor Uribe debe ser igual de absurdo e inútil.